El Consejo de Ministros ha aprobado dos reales decretos ley con 21 medidas para facilitar el acceso a la vivienda, articuladas en torno a cuatro objetivos: el alquiler asequible y la compra, el aumento de la oferta, la estabilidad de los contratos y la lucha contra la especulación.
Para facilitar el acceso, los inquilinos podrán deducirse en el IRPF parte de lo que pagan de alquiler —cerca de 1.000 euros anuales en un arrendamiento de 800 euros al mes— y los pequeños propietarios tendrán un incentivo fiscal si alquilan a precios asequibles. Se crea además una línea de financiación de 10.000 millones de euros, gestionada por el Instituto de Crédito Oficial, con préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses para la compra de una primera vivienda.
Para ampliar la oferta, los decretos destinan 280 millones de euros a avales para la construcción industrializada, que acorta los plazos de obra, y 400 millones a los proveedores de vivienda social. La entidad pública Casa 47 adquirirá inmuebles procedentes de la Seguridad Social para colectivos con más dificultades.
En materia de estabilidad, uno de los decretos prorroga hasta dos años los contratos de alquiler de quienes estén al corriente del pago y limita las subidas de renta, mientras que el otro establece la prórroga automática de los contratos a su vencimiento, salvo en determinados supuestos.
Contra la especulación, las normas limitan la compra de vivienda por parte de fondos de inversión, vinculan los beneficios fiscales de las Socimi al alquiler asequible y obligan a los pisos turísticos a tributar como actividad económica.
Los textos mantienen la esencia de los aprobados el 29 de septiembre, que decayeron al no ser convalidados por el Congreso. Tras la publicación de la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones, las normas deben ser convalidadas por la Diputación Permanente, y el decreto de prórroga automática de los contratos no entrará en vigor al mismo tiempo que el primero.
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