La IV Jornada de auditoría del sector público ha reunido a cerca de 200 auditores expertos en este sector para analizar y debatir, entre otras cuestiones, las nuevas obligaciones legales de la administración local y su control, qué demanda la sociedad en cuanto a la fiscalización y la transparencia de las cuentas del sector público, los retos en el marco de gobernanza fiscal de la UE, y el control de los fondos europeos. En la inauguración ha participado José Luis Escrivá, presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, y en el acto de clausura, que se celebrará esta tarde, intervendrá el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones, Cristóbal Montoro, y asistirá también la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos en funciones, Marta Fernández Currás.
José Luis Escrivá ha dicho que “Europa debe incentivar que cada uno de los estados promueva marcos fiscales sólidos a nivel nacional. Las Autoridades Fiscales nacionales pueden tener un papel relevante en este contexto. Por ello, la protección de estos organismos desde el centro de la Unión es decisiva para facilitar su consolidación”, después ha añadido que “En la situación política y económica actual no parece factible una Unión Fiscal Europea con transferencias de soberanía. Solo en el largo plazo se podría contemplar que se compartan los riesgos y establezcan mecanismos de estabilización fiscal comunes para toda la UE.”
El presidente de la Airef ha concluido señalando que “Tampoco es el momento para que se consolide una cláusula creíble de no rescate teniendo en cuenta la historia de la Unión Europea, los sistemas de rescate llevados a cabo en la eurozona y la existencia de países con problemas sistémicos (“too big to fail”). La ampliación de “spreads” durante la crisis se debió al riesgo de redenominación. No parece muy posible, que los mercados sean capaces alguna vez descontar el riesgo de rescate de un país grande.
Por ello, la eurozona está obligada a avanzar en base a un modelo híbrido cuyos elementos más prometedores deberían ser los compromisos nacionales para reforzar los marcos fiscales locales, como un prerrequisito para mantener políticas fiscales responsables y saneadas.
Durante la Jornada, los auditores del REA+REGA han destacado la necesidad de ampliar los cambios en el modelo de gestión del sector público para poder hacer realidad los niveles de transparencia que exige la normativa vigente, sin los cuales no será posible alcanzar un control eficiente de la gestión de los fondos públicos en España, tal como demanda la sociedad. A este respecto, Carlos Puig de Travy, presidente de REA+REGA Auditores, ha señalado que “para conseguirlo es urgente desarrollar un marco de colaboración entre los auditores privados y las Administraciones Públicas”. Según Puig de Travy, “es necesaria una mayor fiscalización del sector público por medio de auditorías, ya que existen más de 20.000 entidades públicas, cuyo grado de control, si bien es alto en el ámbito estatal, resulta bajo en el autonómico y casi nulo en el local”. Por su parte, Lorenzo Lara, vicepresidente del Consejo General de Economistas, ha hecho hincapié en la importancia del control de las subvenciones, incluidas las que provienen de la Unión Europea por el enorme nivel de fondos que aglutinan.
Presentación de un estudio sobre contratación pública
En el marco de esta Jornada se presentó el estudio elaborado por el REA+REGA que lleva por título La apuesta de la UE por la participación de las pymes en la contratación pública. El objetivo que persigue este estudio divulgativo es fomentar la participación de las pymes en la contratación pública, ofreciendo una aproximación al marco legal de la contratación pública con información práctica.
La Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública –que aunque aún no ha sido traspuesta al ordenamiento jurídico español, sus disposiciones pueden ser invocadas por los particulares frente a los poderes públicos– insiste en la necesidad de incrementar la eficiencia del gasto público y aboga por eliminar de forma efectiva los obstáculos a la participación de las pymes en la contratación pública. A este respecto, Emilio Álvarez, presidente de la Comisión de Auditoría del Sector Público del REA+REGA, señaló que “en el sector público español, se establecen de manera habitual barreras a la libre contratación, incluyendo condiciones restrictivas –tales como la exigencia de unas cifras de negocio o de capital social extremadamente elevadas, así como una experiencia dilatada en auditorías de entidades similares– que, combinadas, impiden la libre concurrencia a las licitaciones de la práctica totalidad de empresas del sector”.
Por su parte, el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, indicó que, tal como señala la Directiva, “a quienes optan a un contrato público, no debería exigírseles un volumen de negocios que no sea proporcional al objeto del contrato y, además, deberían aligerarse las cargas administrativas”. El presidente del Consejo General de Economistas también advirtió sobre “la tendencia en la contratación del sector público de nuestro país –inducida sin duda por un ánimo de disipar cualquier sombra de corrupción– a recurrir a criterios de adjudicación de los contratos que priman, exclusiva o preponderantemente, a la proposición más económica, ignorando o menospreciando el valor técnico intrínseco de las ofertas”. Esto, según Pich, “recuerda a la desaparecida figura de la subasta” y va en contra de lo que dicta la Directiva europea, que apela a que la “oferta económicamente más ventajosa” se evalúe siempre sobre la base de la mejor relación calidad-precio.
