El Lehendakari Iñigo Urkullu ha recibido, de mano de sus autores, el “Informe sobre la situación procesal de los atentados perpetrados por organizaciones terroristas con resultado de muerte entre 1960 y 2014. Caso vasco”.
El Gobierno Vasco encargó este estudio el 4 de marzo de 2014 al periodista Carlos Fonseca, quien se ha encargado de la redacción y coordinación del documento, con el asesoramiento de Enara Garro, Profesora de Derecho Penal y licenciada en criminología; José Antonio Martín Pallín, Magistrado emérito del Tribunal Supremo; y José Manuel Rodríguez Uribes, ex-Director General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior y Doctor en Derecho.
Esta encomienda de la Secretaría General para la Paz y la Convivencia del Gobierno Vasco se enmarca en el compromiso de clarificación del pasado del Plan de Paz y Convivencia. En concreto, el “Informe base de vulneraciones de derechos humanos en el caso vasco 1960-2013)” presentado en junio de 2013, recomendaba la puesta en marcha de mecanismos específicos para poner luz sobre los atentados no esclarecidos. El informe, además de un paso adelante en el deber de clarificación del pasado lo es también en relación con la vulneración del derecho a la vida.
El objeto de este informe lo conforman los atentados con resultado de muerte no esclarecidos y el periodo comprendido por el estudio se remonta a 1960 hasta la actualidad. El documento identifica a las víctimas como contribución a su memoria.
Aporta datos precisos para conocer cuántas familias de víctimas mortales de atentados perpetrados por organizaciones terroristas no han visto esclarecido su caso:
-Según los datos disponibles, al menos, 197 familias de víctimas mortales provocadas por ETA no han obtenido una sentencia esclarecedora del caso. Se trata de un 23,20% de los víctimas provocadas por ETA. De ellas, 155 en las décadas de los 70 y los 80.
-Según los datos disponibles, al menos, 20 familias de víctimas mortales provocadas por el GAL, el BVE y similares no han obtenido una sentencia esclarecedora del caso. Se trata de un 29,4% de sus atentados. Además no hay datos sobre otros 29 asesinatos. Es bastante probable que muchos de ellos tampoco la hayan obtenido. Todos ocurridos en las décadas de los 70 y los 80.
-Existen además otros tres casos de autoría desconocida o confusa que tampoco han obtenido una sentencia esclarecedora.
En definitiva 220 familias de víctimas asesinadas por organizaciones terroristas no han obtenido sentencia esclarecedora. Además no hay datos sobre otros 29 asesinatos de perpetrados por BVE y similares.
Por todo ello, el Gobierno Vasco, en una primera valoración del informe, subraya:
· La centralidad de la víctima. El eje desde el que debe ser analizada la problemática de los asesinatos no resueltos son las víctimas y su derecho a la justicia y a la verdad.
·La complejidad del problema. Por respeto y consideración a las víctimas, y para no crear falsas expectativas, no debe obviarse, sino reconocerse la complejidad de la tarea, en la mayor parte de los casos, agravada por el paso del tiempo.
·La responsabilidad institucional. Nadie puede garantizar que todos los casos serán resueltos; pero debe asegurarse con todos los medios que la investigación judicial se desarrollará hasta el máximo posible.
El Gobierno Vasco quiere analizar con más detenimiento este informe. En todo caso, las primeras líneas de trabajo que puede ahora avanzar son los siguientes:
-Reconocimiento. Estudiar la forma de ofrecer un reconocimiento singular y personalizado a las familias de víctimas de asesinatos que no han encontrado una sentencia esclarecedora. Prestar, en este sentido, una especial atención a la realidad de las víctimas de las décadas de los 70 y 80.
-Clarificación. Continuar con la elaboración de estudios e informes de clarificación del pasado que contribuyan a responder al derecho a la verdad de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos.
·Justicia. Distribuir este informe y compartirlo con las instituciones legislativas ejecutivas y judiciales, así como con las asociaciones y agentes sociales para instar y coadyuvar al cumplimiento del derecho a la justicia de las víctimas.
