El CPEESM, quiere manifestar públicamente su indignación y preocupación, ante el desmantelamiento del estado de bienestar y sus servicios sociales a través de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local así como la precarización del empleo y la contratación de las/os profesionales de la Educación Social en el ámbito autonómico de la Comunidad de Madrid.
Y denunciamos:
Que, bajo el paraguas de la actual situación económica, que ya conocemos, y la necesidad de superar con urgencia el déficit público, se hagan precarizar las contrataciones de servicios sociales, educativos y culturales y se desvirtúe la actuación profesional de la Educación Social con dotaciones presupuestarias insultantes y la falta de gestión responsable de las administraciones públicas. Con el fin de asegurar que estos servicios tengan la máxima calidad que los colectivos más vulnerables a los cuales van dirigidos, como son la infancia y la adolescencia, entre otros, merecen.
La irresponsabilidad política de adjudicar las contrataciones de servicios mediante subastas a la baja económica, despreciando la solvencia técnica y profesional; lo que solo favorece a grandes empresas adjudicatarias, inexpertas en la mayoría de los casos, con el consiguiente detrimento en la calidad de los programas y los servicios. La precarización e inestabilidad laboral y el vejatorio trato a los/las profesionales cualificados que los ejecutan, dejando sin posibilidad de optar a la ejecución de los mismos a aquellas otras entidades y organizaciones que defienden programas socioeducativos eficientes y dignos, tanto para profesionales como para la ciudadanía objeto de la intervención.
Que a las y los profesionales que están sufriendo esta precariedad laboral, se les exige una formación académica universitaria y especializada, además de experiencia demostrada, pero sus condiciones laborales y salariales, en muchos casos, se limitan al mínimo interprofesional del Estatuto de los trabajadores, dándose algunas situaciones irregulares de contratación. Ya que, en algunos casos, las/los profesionales que presentan estas empresas a concurso no son las/os mismos que son contratadas/os posteriormente. Debido a que las condiciones de contratación no se ajustan a su alta cualificación profesional, acaban contratando posteriormente a otras/os profesionales de un perfil inferior, incluso sin la mínima titulación universitaria reconocida, produciéndose intrusismo profesional y la evidente ilegalidad y desvirtualización de los servicios prestados.
Esta situación, no solo afecta a estas/os profesionales, sino que tiene graves consecuencias en la calidad y continuidad de los servicios que se prestan, quedando estos tan solo en números y un listado de prestaciones ofrecidas pero en las que no son evaluados los resultados de impacto sobre la población, la rentabilidad social y la pertinencia de las intervenciones, etc.. Por lo que alcanzar los objetivos que se pretenden con estos programas es altamente complicado. La alta tasa de obligada movilidad de las/os profesionales en busca de un empleo mejor, afecta gravemente a las familias y menores, cuyas consecuencias en los procesos socioeducativos desarrollados con las personas y los grupos a partir de las intervenciones profesionales, produciendo la ruptura de los mismos, el deterioro del progreso social y el retroceso en la inclusión, salvadas hasta ahora, por la alta profesionalidad de las y los educadores sociales que acometen dichos programas que con su dedicación, esfuerzo y compromiso personal intentan paliar este detrimento en los servicios, siendo en la mayoría de los casos insuficiente.
La Educación Social, es un derecho de la ciudadanía y como tal, debe estar asegurado y gestionado responsablemente por la Administración, garantizando a la población, y en especial a los sectores de la sociedad más vulnerables y que mayores dificultades tienen, el apoyo necesario para su integración social, su proceso de vida y para cubrir las necesidades básicas amparadas en los Derechos Humanos, su integración social y su avance vital.
Es por ello, que solicitamos a las Administraciones competentes que:
Cubran un servicio permanente como es el de Educación Social con personal contratado directamente por la Administración y en su defecto, realice contrataciones públicas con empresas profesional y técnicamente solventes a través de licitaciones; suprimiendo las subastas a la baja y estableciendo criterios de adjudicación dignos. De modo que se garantice la continuidad en las intervenciones y la estabilidad en la calidad de los programas al asegurar los profesionales de referencia para familias e infancia.
Se vele por el cumplimiento de las condiciones establecidas en los Pliegos de Condiciones de aquellos programas y servicios subcontratados, tanto en la calidad del servicio como en la contratación de las/os profesionales, en contra de intereses económicos y rentabilistas empresariales.
Se prime en dichas subcontrataciones, la estabilidad de los servicios, dotando del suficiente aporte presupuestario que permita realizar una intervención eficaz. Ya que estas aportaciones irrisorias a los programas está sirviendo de excusa a algunas patronales y empresas para negarse a firmar cualquier convenio colectivo que les obligue a pagar salarios superiores al estatuto de los trabajadores y atender condiciones laborales justas y dignas para sus trabajadoras/es.
