La delegada de la Junta de Comunidades, Blanca Fernández, ha anunciado que al finalizar la actual legislatura se habrán creado más de 1.300 plazas gratuitas para niños de 2 a 3 años en escuelas infantiles municipales de la provincia de Ciudad Real, lo que representa aproximadamente el 36% del total. Este anuncio tuvo lugar durante su visita a la escuela infantil ‘El Castillo’ y el colegio ‘Fernando III El Santo’ de Bolaños de Calatrava.
La iniciativa forma parte del Programa de Impulso a la Escolarización de 0-3 años implementado por el Gobierno regional, que incluye la ampliación de 600 nuevas plazas en escuelas infantiles municipales disponibles para el próximo curso escolar. Para esta ampliación, la administración regional ha invertido más de cuatro millones de euros, según informó Fernández durante la visita realizada el 10 de abril.
Actualmente existen 17 escuelas infantiles de titularidad autonómica en la provincia, además de otras 50 gestionadas por ayuntamientos. La delegada destacó que «prácticamente en la mitad de las escuelas infantiles de carácter municipal, o las hemos construido o hemos creado plazas nuevas». El gobierno regional aporta 35.000 euros a los ayuntamientos que ofrezcan 20 plazas gratuitas para niños de 2-3 años.
La representante del ejecutivo castellanomanchego subrayó que estas medidas responden a la necesidad de apoyar a las familias en la conciliación de la vida familiar y laboral. En esta línea, también mencionó el Plan Corresponsables como parte de este esfuerzo institucional. «El esfuerzo que está haciendo el Gobierno de Castilla-La Mancha en materia de conciliación, corresponsabilidad y educación infantil es espectacular a lo largo de esta legislatura», afirmó.
Durante su visita a Bolaños de Calatrava, Fernández también recordó que el Gobierno regional ha invertido más de tres millones de euros en la presente legislatura en este municipio, destinados a la construcción del nuevo colegio ‘Virgen del Monte’ y a obras de mantenimiento en otros centros educativos locales. La delegada enfatizó que servicios públicos como la educación no deben medirse por su rentabilidad económica sino por su capacidad para «garantizar la igualdad de oportunidades a todas las personas».
